CARTA A LA JUNTA ELECTORAL CENTRAL

15 de diciembre de 2015

Sr. D. Carlos Granados Pérez
Presidente de la Junta Electoral Central
Carrera de San Jerónimo 36
28071 Madrid
Fax: 91 429 77 78


Excelentísimo Señor Granados,
Le escribimos en representación de DosMillonesDeVotos (www.dosmillonesdevotos.org),
una plataforma independiente y apartidista de juristas constituida con el propósito de defender el derecho al voto de los españoles residentes en el extranjero. Desde la convocatoria de las
elecciones generales, el pasado 27 de octubre de 2015, hemos dado seguimiento al proceso
electoral en curso y nos hemos puesto a disposición de los ciudadanos españoles residentes de
manera temporal o permanente en el extranjero para asistirles en los trámites previstos en la
legislación electoral vigente ante la falta de apoyo e información suficientes de parte de la
Administración pública española.

Como indicamos en nuestro manifiesto fundacional, como juristas comprometidos con el
estado de derecho y la democracia, estamos seriamente preocupados por los efectos de la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General del año 2011 (Ley Orgánica 2/2011 de 28 de enero) pero también por la reglamentación anterior a esa ley, y en particular los Reales Decretos 3425/2000 de 15 de diciembre y 1621/2007 de 7 de diciembre que regulan respectivamente, la inscripción de los españoles en el Registro de Matrícula Consular en el extranjero y un procedimiento de votación para los ciudadanos españoles residentes de manera temporal en el extranjero. En nuestra opinión, el conjunto de la legislación vigente, en lugar de facilitar, dificulta sobremanera el ejercicio del derecho al voto reconocido en el artículo 23.1 de la Constitución Española. Prueba de ello es que a pesar de todos los esfuerzos desplegados por la sociedad civil en estas elecciones, tan sólo aproximadamente un 7% de los casi dos millones de españoles residentes en el extranjero han conseguido registrarse para votar, un nivel de participación desconocido en las democracias de nuestro entorno.

Le escribimos a menos de una semana de la votación con el fin de poner en conocimiento de
la Junta Electoral Central algunas de las deficiencias y negligencias más significativas que hemos
constatado en el procedimiento electoral en curso y que consideramos han tenido un efecto
particularmente negativo en el ejercicio del derecho al voto de los ciudadanos españoles residentes en el extranjero.

I. Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación

Dada la complejidad de los trámites administrativos necesarios, unida a los muy limitados
plazos previstos en la ley para ejecutarlos, hemos constatado la ausencia de una adecuada campaña de información por parte de la Administración pública y en particular por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, la administración con competencias directas sobre los españoles en el extranjero. En una gran parte de los casos, hemos podido observar además, que el personal dedicado a la atención al público en consulados y embajadas no cuenta ni con la formación, ni con los medios necesarios para atender adecuadamente a los ciudadanos españoles que acuden a efectuar los trámites necesarios para votar. Hemos podido constatar asimismo una muy discutible, y en ocasiones inconsistente, interpretación de la reglamentación aplicable por parte de los consulados y embajadas, aumentando si cabe, las dificultades impuestas para el ejercicio del derecho al voto desde el extranjero, como ya indicáramos en nuestras cartas de 5 y 12 de noviembre de 2015 (adjuntas). Y finalmente, los horarios de atención al público no se han ampliado de manera significativa lo que ha supuesto una barrera infranqueable a la realización de los trámites necesarios para el ejercicio del derecho al voto de muchos españoles.

Debemos recordar, sin embargo, que las autoridades públicas y la Administración electoral
tienen la obligación de facilitar las campañas de información al votante necesarias para asegurar el ejercicio efectivo del derecho a voto por una comunidad informada sobre sus derechos electorales.

II. Ministerio de Economía y Competitividad

Por otra parte y como ya denunciáramos en nuestra carta al Ministerio de Economía y
Competitividad de 6 de noviembre (adjunta), la página web del Instituto Nacional de Estadística, así como su servicio de atención telefónica, no han funcionado de manera adecuada, limitando así el acceso a la información necesaria sobre la inscripción en el censo electoral, el estado de las solicitudes de voto, así como el estado de la tramitación de la documentación necesaria para votar. En algunos casos, los fallos de funcionamiento de la página web no han permitido efectuar los trámites de solicitud de voto de manera electrónica, con la clave CTT, para los españoles residentes de manera permanente en el extranjero. Esto ha supuesto un obstáculo adicional al ejercicio del derecho al voto para muchos ciudadanos españoles.

Hemos de recordar que, cuando sea necesario el registro de votantes, el estado tiene la
obligación de establecer métodos de registro sencillos y accesibles que faciliten y no impongan
obstáculos a dicho registro. 

III. Diputaciones Provinciales de la Oficina del Censo Electoral

Asimismo, en lo que respecta a la documentación electoral en concreto, hemos podido
constatar muy serias irregularidades en el envío de papeletas a los electores en el extranjero.
Muchos españoles residentes en el extranjero han recibido sus papeletas con retraso, incompletas (las Diputaciones Provinciales de A Coruña y de Asturias, por ejemplo, enviaron la documentación electoral sin incluir las papeletas para el Senado), o simplemente nunca las recibieron a pesar de haber realizado todos los trámites prescritos en la legislación vigente. Además, hemos tenido noticia de numerosas oficinas de correos en España desbordadas por la afluencia de electores y sin recursos (hemos sido informados de que algunas oficinas no disponían de papeletas suficientes) o sin personal suficiente para atender la demanda. Esto ha afectado a los electores en el extranjero que han viajado a España (dadas las especiales fechas en las que se han convocado las elecciones generales) y que han intentado ejercer su derecho al voto antes del 10 de diciembre, como prevé la legislación vigente.

Debemos recordar que los estados tienen la obligación de facilitar el material electoral,
incluidas las papeletas necesarias, que aseguren que todos los votantes pueden ejercer su derecho al voto de forma libre y voluntaria.

III. Juntas Electorales Provinciales y Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos S.A.

Finalmente, hemos podido confirmar en muchísimos casos, la falta de reembolso, total o
parcial, de los gastos incurridos por los electores en el extranjero para el envío de sus votos por
correo. Los sistemas de reembolso implementados por las Administraciones responsables (Juntas Electorales Provinciales y Sociedad Estatal de Correos) son manifiestamente deficientes y han llevado a la mayor parte de electores a financiar su voto (entre 5 y 25 euros por voto de media) a pesar de estar reconocida la absoluta gratuidad del ejercicio del derecho al voto. Esto resulta especialmente gravoso en la medida en que a este gasto se suman los extraordinarios gastos sufridos por muchos ciudadanos españoles en desplazarse a consulados y embajadas (a veces a cientos o miles de kilómetros de distancia de su lugar de residencia), o en tomar tiempo libre de sus trabajos para acudir a los consulados y embajadas adaptándose así a los restrictivos horarios de oficinas de los mismos.

Recordamos asimismo que el ordenamiento español reconoce el sufragio universal y la
absoluta gratuidad del voto. Por ello, no se pueden imponer tasas, impuestos o cualquier otro coste que tenga que ver con el registro de los ciudadanos para poder votar.

Las irregularidades descritas anteriormente no son sino el fruto del testimonio directo
recibido de cientos de ciudadanos españoles residentes en el extranjero que han acudido a nosotros en busca de asistencia y asesoramiento. En la mayor parte de los casos, estos ciudadanos españoles no encontraron respuesta a sus preguntas en ninguna de las Administraciones públicas a las que acudieron lo que resulta particularmente inaceptable en relación con un derecho fundamental de capital importancia como es el derecho al voto.

El conjunto de comportamientos observados por parte de la Administración pública
española, por acción o por negligencia, en este proceso electoral, constituye una violación del
derecho al voto reconocido en el artículo 23.1 de la Constitución Española de miles (posiblemente de cientos de miles) de ciudadanos españoles. Debemos reafirmar nuestra preocupación por la falta de reacción de las autoridades comprendidas lo que refleja una profunda falta de respeto por un derecho de máxima importancia en un sistema democrático y constitucional como el nuestro.

En vista de todo lo anterior, demandamos se tomen las medidas necesarias urgentes para:

(i) ampliar los plazos de votación de los españoles residentes en el extranjero (de manera similar a las ampliaciones de plazo previstas para los miembros de las fuerzas armadas en el extranjero), y
(ii) asegurar que todos los ciudadanos españoles que envíen su voto por correo reciban el reembolso íntegro de los gastos de envío de su voto.

Demandamos además que se tomen las medidas necesarias para:

(i) investigar la conducta de consulados y embajadas en lo que respecta al procedimiento de registro de los españoles residentes españoles en el extranjero y en concreto las decisiones de registro como residentes temporales o permanentes en el extranjero,
(ii) auditar el procedimiento de reembolso de votos por parte de las Juntas Electorales
Provinciales, así como el destino de los fondos no pagados a los ciudadanos españoles en el extranjero,
(iii) depurar responsabilidades en relación con las irregularidades descritas en el envío de
papeletas, e
(iv) investigar las deficiencias constadas en el servicios de atención al público (tanto a través de la página web como el servicio telefónico) del Instituto Nacional de Estadística.

Nos permitimos copiar en esta comunicación a la Defensora del Pueblo, los ministros
concernidos, los líderes de los principales partidos políticos españoles y el Jefe de la misión de
observación de las elecciones generales de la Organización para la Cooperación y Seguridad en
Europa, para que quede constancia de las dificultades impuestas por la legislación vigente así como de las irregularidades adicionales a las que se están enfrentando ciudadanos españoles en el extranjero como consecuencia directa de la negligencia, y en su caso, de las medidas impulsadas por la Administración pública española en su conjunto.

Atentamente,
DosMillonesDeVotos
plataformavoto@gmail.com

Copia a:

Sra. Dña. Soledad Becerril Bustamante, Defensora del Pueblo
Sr. D. José Manuel García-Margallo y Marfil, Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación
Sr. D. Luis de Guindos Jurado, Ministro de Economía y Competitividad
Mr. Michael Georg Link, Organization for Security and Co-operation in Europe
Sr. D. Mariano Rajoy, Presidente del Gobierno y Presidente del Partido Popular
Sr. D. Pedro Sánchez, Secretario general del Partido Socialista Obrero Español
Sr. D. Albert Rivera, Presidente de Ciudadanos
Sr. D. Pablo Iglesias, Secretario general de Podemos
Sr. D. Alberto Garzón, Secretario de Izquierda Unida
Sr. D. Andrés Herzog, Portavoz de Unión Progreso y Democracia