INFORME DE DOS MILLONES DE VOTOS A LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Informe de la Plataforma de Dos Millones de Votos enviada a todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados el 11 de Febrero de 2016.


Madrid, a 11 de febrero de 2016

A la atención de los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados:

La plataforma DosMillonesDeVotos (www.dosmillonesdevotos.org) se creó ante la falta de apoyo e información suficientes de parte de la Administración Pública española. Es una plataforma independiente y apartidista de juristas[1], constituida con el propósito de defender el derecho al voto de los españoles residentes en el extranjero en las pasadas elecciones generales de 20 de diciembre de 2015.  Desde la convocatoria de las elecciones,  la plataforma se puso a disposición de los ciudadanos españoles residentes de manera temporal o permanente en el extranjero, con el fin de asistirles en los trámites previstos en la legislación electoral vigente.

Como se indica en el manifiesto fundacional[2], los juristas participantes comprometidos con el estado de derecho y la democracia, expresaron su preocupación por los efectos de la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General del año 2011 (Ley Orgánica 2/2011 de 28 de enero) pero también por la reglamentación anterior a esa ley, y en particular los Reales Decretos 3425/2000 de 15 de diciembre y 1621/2007 de 7 de diciembre que regulan, respectivamente, la inscripción de los españoles en el Registro de Matrícula Consular en el extranjero y el procedimiento de votación para los ciudadanos españoles residentes de manera temporal en el extranjero.

Como muestran lamentablemente los datos de participación electoral de los ciudadanos españoles residentes en el exterior en las elecciones generales del 20 de diciembre (4,74%), la legislación vigente en lugar de facilitar, dificulta sobremanera el ejercicio del derecho al voto explícitamente reconocido en los artículos 23.1 y 68.5 de la Constitución Española.

En representación de la plataforma (que fue formalmente disuelta como plataforma el 31 de diciembre de 2015), describimos a continuación algunas de las deficiencias y negligencias más significativas que han sido constatadas y que han tenido un efecto particularmente negativo en el ejercicio del derecho al voto de los ciudadanos españoles residentes en el extranjero. Adjuntamos asimismo las comunicaciones enviadas a las autoridades competentes, incluidos los ministerios de Asuntos Exteriores, Economía e Interior, la Defensora del Pueblo y la Misión de Observación Electoral de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE)[3].

Las irregularidades descritas a continuación son fruto del testimonio directo recibido de centenares de ciudadanos españoles residentes en el extranjero que acudieron a la plataforma en busca de asistencia y asesoramiento. En la mayor parte de los casos, estos ciudadanos españoles no encontraron respuesta a sus preguntas a través de las administraciones públicas a las que acudieron, lo que resulta particularmente inaceptable en relación con un derecho fundamental de capital importancia como es el derecho al voto.

I. Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación

Hemos de apuntar en primer lugar que las autoridades públicas y la administración electoral tienen la obligación de facilitar al votante la información necesaria para asegurar el ejercicio efectivo del derecho a voto. Consideramos, sin embargo, que como se confirma por las informaciones abajo descritas, las autoridades españolas han incumplido sus obligaciones debido a:

la falta de campañas de información,
la carencia de formación y conocimiento del personal dedicado a la atención al público,
la inconsistencia en la interpretación de la reglamentación electoral vigente, así como la restricción de horarios de atención al público por parte de los consulados y embajadas.

Efectivamente,  en las pasadas elecciones generales se pudo constatarla ausencia de una adecuada campaña de información por parte de la Administración Pública, en particular, por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, el organismo con competencias directas sobre los españoles en el extranjero.  Esta situación es particularmente gravosa dada la complejidad de los trámites administrativos necesarios y los muy limitados plazos previstos en la legislación electoral vigente.

En una gran parte de los casos, se pudo observar, además, que el personal dedicado a la atención al público en consulados y embajadas no cuenta ni con la formación, ni con los medios necesarios para atender adecuadamente a los ciudadanos españoles que acuden a efectuar los trámites necesarios para votar.

Se pudo constatar asimismo una muy discutible y en ocasiones inconsistente, interpretación de la reglamentación aplicable por parte de los consulados y embajadas, aumentando - si cabe - las dificultades impuestas para el ejercicio del derecho al voto desde el extranjero, como ya indicáramos en nuestras cartas de 5 y 12 de noviembre de 2015[1].

Finalmente, los horarios de atención al público no se ampliaron de manera significativa hasta los últimos días hábiles para votar, cuando la Junta Electoral Central, en respuesta a peticiones de numerosos actores de la sociedad civil, incluida esta plataforma, acordó permitir "de forma extraordinaria" la votación a los españoles que viven en el extranjero hasta las 20:00 (hora peninsular) del domingo 20 de diciembre (acuerdo 610/2015).

Pese a que esta medida fue positiva, no benefició a aquellos ciudadanos que se encuentran en el exterior de manera temporal (ERTA) y que ejercen su derecho al voto por correo. Además, esta medida no fue acompañada del retraso en el escrutinio de las papeletas recibidas desde el exterior (el escrutinio de votos del exterior tuvo lugar el miércoles 23 de diciembre) por lo que albergamos serias dudas sobre la adecuada contabilización y custodia de los votos emitidos desde el extranjero.

II. Ministerio de Economía y Competitividad

Debemos recordar además que el estado tiene la obligación de establecer métodos de registro sencillos y accesibles que faciliten y no impongan obstáculos a dicho registro. Consideramos, sin embargo, que como se confirma por las informaciones abajo descritas, las autoridades españolas han limitado el acceso a la información necesaria sobre la inscripción en el censo electoral, el estado de las solicitudes de voto y el estado de la tramitación de la documentación necesaria para votar, por los constantes fallos de funcionamiento de la página web.

Como ya fuera denunciado en la carta al Ministerio de Economía y Competitividad de 6 de noviembre[1], la página web del Instituto Nacional de Estadística, así como su servicio de atención telefónica, no funcionaron de manera adecuada durante el proceso electoral, limitando así el acceso a la información necesaria sobre la inscripción en el censo, el estado de las solicitudes de voto, así como el estado de la tramitación de la documentación necesaria para votar. En algunos casos, los fallos de funcionamiento de la página web no permitieron efectuar los trámites de solicitud de voto de manera electrónica, con la clave CTT, para los españoles residentes de manera permanente en el extranjero. Esto ha supuesto un obstáculo adicional al ejercicio del derecho al voto para muchos ciudadanos españoles. 

III. Ministerio del Interior y Junta Electoral Central

Debemos recordar también la necesidad de que la Administración Pública actúe con la máxima diligencia en las cuestiones relativas a los procesos electorales como garantía de un sistema democrático sano y transparente.  En este sentido es de particular importancia que la información proporcionada al público sea de absoluta veracidad y corrección.  Consideramos sin embargo que la información puesta a disposición del público por la Administración Pública no sólo no fue la correcta sino contraria a lo previsto en la legislación electoral vigente como se confirma por las informaciones abajo descritas.

El 22 de diciembre la plataforma denunció que, desde el día anterior (21 de diciembre), la página oficial del Ministerio del Interior había publicado erróneamente los resultados electorales, afirmando haberse realizado el escrutinio del 100% de los votos al Congreso de los Diputados en contra de los trámites previstos para el escrutinio general de votos en la propia legislación electoral vigente[2].  A pesar de la petición de explicaciones y de enmienda efectuada al Ministerio del Interior por parte de la plataforma, no se recibió comunicación alguna.  La plataforma expresó ya entonces su preocupación por lo que se consideró una falta grave de atención a los procedimientos electorales prescritos por la legislación vigente y al derecho al voto de los residentes españoles en el extranjero previsto en los artículos 23 y 68.5 de la Constitución española.  Albergamos  además dudas de que el proceso de escrutinio haya seguido los trámites previstos para la contabilización adecuada de los votos emitidos en el exterior en la medida en que las informaciones publicadas por la Administración Pública carecen de la corrección y transparencia necesarias. 

IV. Diputaciones Provinciales y Oficinas del Censo Electoral

Recordamos también que los estados tienen la obligación de facilitar el material electoral, incluidas las papeletas necesarias, que aseguran que todos los votantes pueden ejercer su derecho al voto de forma libre y voluntaria.  Consideramos sin embargo que se incumplió también esta obligación como se confirma por las informaciones abajo descritas.

Efectivamente, se han podido constatar muy serias irregularidades en el envío de papeletas a los electores en el extranjero.  En las pasadas elecciones generales, muchos fueron los españoles residentes en el extranjero que recibieron sus papeletas con retraso, incompletas (las Diputaciones Provinciales de A Coruña y de Asturias, por ejemplo, enviaron la documentación electoral sin incluir las papeletas para el Senado)  o simplemente nunca las recibieron a pesar de haber realizado todos los trámites prescritos en la legislación vigente.  

Además más de un mes después de las elecciones hemos sido informados de que un número considerable de ciudadanos españoles están ahora recibiendo las papeletas.  En algunos casos, las papeletas han sido recibidas en sobres con matasellos de salida de España el mismo día 20 de diciembre, en contra de la legislación electoral vigente y apuntando a posibles responsabilidades administrativas y/o penales de los organismos responsables.  Estas irregularidades han sido denunciadas por la prensa y  consideramos estos hechos de extrema gravedad. 

Debemos señalar además que la plataforma fue informada del hecho que numerosas oficinas de correos en España no contaban con los recursos humanos y materiales necesarios para atender a la demanda de voto por correo.  Como resultado de estas deficiencias muchos ciudadanos españoles residentes en el extranjero que viajaron a España (dadas las especiales fechas en las que se convocaron las elecciones generales) y que intentaron ejercer su derecho al voto antes del 10 de diciembre, como prevé la legislación vigente se vieron imposibilitados de hacerlo.

V. Juntas Electorales Provinciales y Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos S.A.

Finalmente, hemos de recordar que los estados no pueden imponer tasas, impuestos o cualquier otro coste que tenga que ver con el registro de los ciudadanos para poder votar. Recordamos asimismo que el ordenamiento español reconoce el sufragio universal y la absoluta gratuidad del voto. Se han constatado sin embargo numerosos casos de falta de reembolso, total o parcial, de los gastos incurridos por los electores en el extranjero para el envío de sus votos por correo en violación del ordenamiento vigente como se confirma por las informaciones abajo descritas. De hecho, los sistemas de reembolso implementados por las administraciones responsables (Juntas Electorales Provinciales y Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos S.A.)  han demostrado ser manifiestamente deficientes y han llevado a la mayor parte de electores a financiar su voto (entre 5 y 25 euros por voto de media) a pesar de que la gratuidad del ejercicio del derecho al voto está reconocida por ley.  Esto resulta especialmente gravoso en la medida en que a este gasto se deben sumar los extraordinarios gastos experimentados por muchos ciudadanos españoles al desplazarse a consulados y embajadas (a veces a cientos o miles de kilómetros de su lugar de residencia), o en tomar tiempo libre de sus trabajos para adaptarse a los restrictivos horarios de oficina de consulados y embajadas.

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En consecuencia de lo anterior, desde la plataforma invitamos a que se examine la información proporcionada en esta carta y que asimismo se tomen las medidas necesarias para:

(i)                investigar la conducta de las oficinas consulares en lo que respecta al procedimiento de registro de los españoles residentes en el extranjero, prestando especial atención a las decisiones de registro como residentes temporales o permanentes en el extranjero;

(ii)              auditar a las administraciones concernidas en relación con la contabilización de votos emitidos desde el extranjero con especial atención a las discrepancias que puedan existir entrevotos emitidos frente a solicitudes de voto enviadas por los electores y las causas de dichas discrepancias; auditar el procedimiento de reembolso de votos por parte de las Juntas Electorales Provinciales, con especial atención al destino de los fondos no pagados a los ciudadanos españoles en el extranjero; depurar responsabilidades en relación con las irregularidades descritas en el envío de papeletas; e

(iii)            investigar las deficiencias constadas en el servicio de atención al público (tanto a través de la página web como del servicio telefónico) del Instituto Nacional de Estadística.

En representación de la plataforma DosMillonesDeVotos, nos ponemosa disposición de todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados para suministrar la información necesaria acerca de la plataforma en su labor de asistencia a los ciudadanos españoles residentes en el extranjero en el ejercicio de su derecho al voto.

Atentamente,

Jacinto Lara Bonilla, Abogado y Presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos de España, en representación de la Plataforma DosMillonesDeVotos